La mañana del pasado lunes 4 de marzo, la escuela básica República Dominicana de La Florida comenzó su año escolar 2013 como usualmente lo hacían. Se formaron los alumnos en la entrada, entonaron el himno nacional e izaron la bandera frente a algunas autoridades, concejales, el actual diputado y candidato a senador Carlos Montes, la candidata a diputada Camila Vallejo y un grupo de apoderados y dirigentes sociales. Nada raro a excepción de una cosa: el colegio está con orden de cierre y si funciona es porque está controlado por una docena de apoderados.
Liderados por la presidenta del centro de padres y apoderados, Isabel Rivera, son ellos los que se reparten las tareas del colegio: barren, limpian los baños, reciben y cuidan a los niños y se coordinan con los profesores que hacen clases desde las 08:30 hasta las 13:30 horas.
Una de ellas se encarga de matricular a alumnos nuevos, hasta las 11:30 horas. Otros se encargan de cuidar, de abrir y cerrar el colegio, de lavar los utensilios que se ocupan. “Esto no es una rabieta de apoderados porque se volvieron locos, no es eso. Estamos defendiendo la educación de nuestros hijos. El gobierno ha defendido por todas partes el derecho a elegir. Bueno, nosotros hacemos eso: ellos no nos pueden imponer, nosotros decidimos donde los ponemos”, dice Isabel, quien se encarga de mostrar que todo funciona como de costumbre.
Y en efecto, las clases se desarrollan con normalidad y se sale a recreo en el horario establecido. Parte de los profesores son los que llevaban años trabajando en el colegio y algunos estudiantes de tercer y cuarto año de Pedagogías que voluntariamente se han acercado a la calle Santa Julia nº 773. Dos profesoras jubiladas hacen de inspectoras.
Todo en orden y con las materias indicadas por el ministerio, explica Isabel, agregando además que si no tienen actualmente jornada completa “es porque no están los insumos para darle almuerzo a los niños”.
Si están los textos escolares correspondientes a este año, las minutas aprobadas por la Junaeb para la cocina y hasta los útiles de cocina para mantenerla limpia. “Nadie se explica por qué intentan cerrar este colegio si tiene una gran infraestructura y recibe a varios alumnos de proyecto de integración”, dice Rivera.
Integración
El República Dominicana es defendido por los apoderados por varias razones. Además de ser un establecimiento levantado por los propios pobladores de la villa O’Higgins, hace 47 años, los apoderados sostienen que cuenta con una buena infraestructura, a pesar de que esa fue una de las razones esgrimidas por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, cuando les comunicó del cierre el 20 de diciembre pasado.
Pero lo más importante es que el colegio recibía a alumnos con problemas de aprendizaje, trastornos específicos del lenguaje, déficit atencional y discapacidad intelectual limítrofe o leve. Era, hasta el año pasado, uno de los 17 colegios de La Florida que recibía a estos niños.
Con el cierre, fueron más de 60 los alumnos del proyecto de integración que se quedaron sin cupos. Dos de ellos son hijos de Isabel: Jeason (12), con déficit atencional y Leandro, de cinco años, quien además de problemas de lenguaje tiene neurofibramatosis.
“Por eso es tan importante”, dice una de las apoderadas, que minutos después corre y sube las escaleras de la entrada hasta el segundo piso a tocar la campana de las doce.
En total hoy son poco más de 80 alumnos los que siguen asistiendo al República Dominicana. En su interior, las salas no se alcanzan a llenar y el patio, que tiene una multicancha techada, se hace grande para los alumnos. Atrás quedó la imagen del segundo semestre del 2011, cuando recibieron a los estudiantes del Liceo Benjamín Vicuña Mackenna que completaban clases después de los paros.
Entonces, aún con dos colegios funcionando al mismo tiempo, el espacio no era problema, alegan las apoderadas. Por eso les resulta extraño que, a pesar de la baja en las matrículas, se prefiera bajar el telón a un colegio que podría recibir a casi 1.500 alumnos.
Y por eso, sobre todo, prefieren pelear hasta que alguien les asegure que el colegio seguirá su curso. El viernes 1º de marzo les cortaron el teléfono, pero nada de eso los amedrenta. Ni a un desalojo ni a los dichos del ministro de Educación, Harald Beyer, quien aseguró que de seguir en clases ahí los alumnos no tendrán reconocimiento. “Iremos a dar exámenes libres si es necesario, pero de acá nadie nos mueve”, dicen.